De acuerdo a un estudio de UNESCO el número de universidades fraudulentas que ofrecen títulos falsos por Internet se multiplicó por cuatro (de 200 a 800) entre 2000 y 2004. La investigación se realizó en 60 países indica que existe un importante grado de malversación de fondos públicos, afectando al derecho del ciudadano a educarse, especialmente en países en desarrollo.
El informe que se titula “Corrupt schools, corrupt universities: What can be done” trata las distintas maneras de fraude que afectan a millones de estudiantes. Según consta en su presentación:
"Los autores del informe sostienen que una mayor transparencia de los sistemas de reglamentación, un reforzamiento de las capacidades de gestión para mejorar la rendición de cuentas y una mejor apropiación del proceso de gestión pueden contribuir al desarrollo de sistemas educativos exentos de corrupción. Asimismo, formulan, entre otras más, las siguientes recomendaciones sobre la forma en que se puede tratar el problema de la corrupción:
Establecer normas y reglamentaciones claras, procedimientos transparentes y un marco de políticas explícito en los que se especifiquen las responsabilidades que incumben a cada una de las distintas partes interesadas en lo que respecta a la asignación, distribución y utilización de los recursos de la educación.
Mejorar las competencias en materia de gestión, rendición de cuentas, supervisión y auditoría del personal administrativo y otras partes interesadas en el sistema educativo, esto es, las asociaciones padres-docentes, los sindicatos profesionales y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil.
Facilitar al público en general el acceso a la información, a fin de posibilitar la participación, la apropiación y el control de la sociedad. Todas las personas más estrechamente vinculadas al lugar de prestación de servicios educativos –el centro docente correspondiente– deben estar suficientemente bien informadas no sólo para estar en condiciones de poder detectar cualquier fraude, sino también para reivindicar todo lo que tengan derecho a exigir."
Vía Diario El País
El informe que se titula “Corrupt schools, corrupt universities: What can be done” trata las distintas maneras de fraude que afectan a millones de estudiantes. Según consta en su presentación:
"Los autores del informe sostienen que una mayor transparencia de los sistemas de reglamentación, un reforzamiento de las capacidades de gestión para mejorar la rendición de cuentas y una mejor apropiación del proceso de gestión pueden contribuir al desarrollo de sistemas educativos exentos de corrupción. Asimismo, formulan, entre otras más, las siguientes recomendaciones sobre la forma en que se puede tratar el problema de la corrupción:
Establecer normas y reglamentaciones claras, procedimientos transparentes y un marco de políticas explícito en los que se especifiquen las responsabilidades que incumben a cada una de las distintas partes interesadas en lo que respecta a la asignación, distribución y utilización de los recursos de la educación.
Mejorar las competencias en materia de gestión, rendición de cuentas, supervisión y auditoría del personal administrativo y otras partes interesadas en el sistema educativo, esto es, las asociaciones padres-docentes, los sindicatos profesionales y otras organizaciones pertinentes de la sociedad civil.
Facilitar al público en general el acceso a la información, a fin de posibilitar la participación, la apropiación y el control de la sociedad. Todas las personas más estrechamente vinculadas al lugar de prestación de servicios educativos –el centro docente correspondiente– deben estar suficientemente bien informadas no sólo para estar en condiciones de poder detectar cualquier fraude, sino también para reivindicar todo lo que tengan derecho a exigir."
Vía Diario El País
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