Argentina deroga la ley que permitía interceptar comunicaciones en Internet

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Según cuenta literalmente el diario "El Pais" de Madrid, "A partir de ahora las comunicaciones sólo podrán ser interceptadas por orden judicial en investigaciones de delitos".

"La Corte Suprema de Argentina declaró ayer inconstitucional la llamada ley espía, por la que se obligaba a las empresas a intervenir y guardar durante 10 años todas las comunicaciones telefónicas y por Internet, a fin de ponerlas a disposición del poder judicial o de la fiscalía en la investigación de cualquier delito. La intervención de las comunicaciones era controlada a su vez por la Dirección General de Observaciones Judiciales, dependiente de la Secretaría de Inteligencia (conocida como Side), lo que implicaba que el Gobierno argentino podía tener acceso a cualquier tipo de comunicación privada telefónica o electrónica.

La ley fue aprobada por el Congreso en 2003, cuando Néstor Kirchner era presidente de la República, pero fue el propio Kirchner quien en 2005, y ante las numerosas protestas de abogados y juristas, decidió dejarla en suspenso. El Gobierno, sin embargo, no hizo nada por derogar la ley, sino que, bien al contrario, la defendió ante los tribunales cuando comenzaron a llover los recursos. Finalmente, la causa promovida por el abogado Ernesto Halabi, que impulsó una moción de amparo por vulneración de su intimidad y derecho a comunicaciones seguras, llegó ante la Corte Suprema, que ayer dictaminó que la norma es contraria a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La sentencia de ayer afirma que la norma impugnada restringe el derecho a la intimidad, "sin distinguir ni precisar de modo suficiente las oportunidades ni las situaciones en las que operarán las interceptaciones". La ley ordenaba a las empresas "disponer de los recursos humanos y tecnológicos para captar o derivar las comunicaciones y para que el servicio estuviera disponible en todo momento".

La Corte considera "inadmisible" que las restricciones autorizadas por esa ley quedaran finalmente en manos de "agentes de la Administración", que actuaban a su libre discreción. La Dirección de Observaciones Judiciales de la Side, encargada de cumplir con los eventuales requerimientos del poder judicial o de los fiscales, reconocen los miembros de la Corte Suprema, "actúa bajo la órbita del poder político"."

Vía El País